El barrio privado “Las Pirámides”, erigido por el lugareño Próspero Marcelo Sosa en el km 28 de la ruta 338, al sur de San Javier, en un predio que pertenece a la Universidad nacional de Tucumán (UNT), es el centro de una fuerte disputa. Sosa dice que tiene derecho de posesión por haber vivido siempre ahí, y la Universidad, que tiene escritura de los terrenos que abarcan las 14.130 hectáreas del Parque Sierra de San Javier, le inició hace cinco años una querella por reivindicación para que entregue el extenso terreno.
En el medio de esta añeja disputa han pasado diversos episodios, como una primera querella de 1998 contra Sosa por usurpación por la que fue sobreseído en 2008 por el entonces juez federal Raúl Bejas, por falta de acción y paso del tiempo. Luego de eso, Sosa inició el loteo a partir de 2010. La UNT se enteró del loteo en 2018 a raíz de un incidente con excursionistas a quienes personas armadas expulsaron de ese sector del parque, advirtiendo que era propiedad privada.
Ahí se hizo la querella por reivindicación. Como Sosa no hizo caso a la orden de la Justicia de no seguir construyendo ni depredando el bosque, fue procesado por desobediencia y hace un mes se hizo un operativo con Gendarmería para hacer un registro de viviendas.
Dentro de ese predio hay 56 casas y, se estima, 53 familias, algunas viviendo permanentemente y otras de fin de semana. Los mismos habitantes calculan que son entre 120 y 150 personas. Sus condiciones son algo precarias. Reciben agua de la comuna de San Javier y tienen un medidor de luz comunitario. Algunos tienen tanques de captación del agua de lluvia.
Varias hablaron con LA GACETA para dar a conocer su situación.
“En 2011 vi en LA GACETA un aviso de venta de un lote. Me enamoré del lugar, la naturaleza. Era buena gente. El señor Sosa era gente lugareña de años; me mostró un papel, una sentencia de que había ganado la posesión, avalado por el juez Bejas. Invertí todos mis ahorros. Hice mi casita, 400 m2. Puse árboles. No sabía nada de que se venía un juicio”, describió Isabel Ortiz.
“Yo estoy desde 2018, cuando vi el aviso por internet. La naturaleza, la tranquilidad, la flora... soy amante de eso. Con ahorro de muchos años se fue construyendo el sueño. Ahora nos sentimos atrapados en esta situación. Hicimos todo a pulmón; somos gente trabajadora, no usurpadores ni depredadores. Estamos a favor de la naturaleza. Sacamos los siempreverdes, pusimos árboles autóctonos”, agregó Gabriela Padovani. “Nosotros compramos con mi esposo en 2018. Es lo único que tenemos. Vendimos un departamento en Buenos Aires”, dijo María Ester Martínez de Úbeda.
“Cuando llegamos hace más de 12 años no había nadie. Era un terreno barroso. Estamos mejorando la zona”, explicó la odontóloga Ana Garvich. “Nosotros habíamos hecho paseos con los chicos a las casas de la Universidad y nos enamoramos del lugar. Nos mostraron planos. Sosa tenía ganado un juicio de usucapión. Con los ahorros de una vida hemos comprado de buena fe. No somos delincuentes ni depredadores”. “Al contrario -añadió su hijo, Germán Fernández Garvich-. Hemos llevado a cabo un proyecto para preservar la naturaleza, el aire y el suelo, plantando árboles que le van a dar estructura al suelo”. Ana añadió que los boletos de compraventa se hicieron y se firmaron en escribanía.
Para ellos, el argumento de Sosa de su derecho a prescripción veinteañal es válido -según explica uno de sus abogados, José Alberto Cúneo Vergés- porque no se trata de un parque nacional creado por ley del Congreso. La UNT, en cambio, sostiene, según su abogado, Máximo Castro, que “los bienes de la Universidad son de dominio público porque están destinados a una función pública, que es la educación universitaria, libre y gratuita”. De hecho, cuando estalló el escándalo, la UNT logró que Catastro anulara un plano que Sosa había iniciado por prescripción adquisitiva.
Esta disputa debe resolver la Justicia. Todos ya consideran que esto va a llegar hasta la Corte Suprema de la Nación.